El Congreso aprueba definitivamente la modernización de la Justicia
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El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde hoy a la Ley Orgánica que establece medidas para mejorar la eficiencia del Servicio Público de Justicia, la cual será publicada en el Boletín Oficial del Estado en los próximos días.
Esta normativa introduce dos áreas clave de intervención: una reforma organizativa y otra procesal, ambas viables gracias al avance tecnológico que está llevando a cabo el ministerio.
Durante su intervención en el pleno, Bolaños enfatizó que la aprobación de esta ley representa un paso crucial para la profunda transformación de la Administración de Justicia, adaptándola a las exigencias de la ciudadanía en el siglo XXI. Este cambio se fundamenta en la digitalización, la modernización de sus estructuras y un enfoque social de la Justicia, que ya comenzó con la aprobación de los Reales Decretos-ley 5/2023 y 6/2023, así como la Ley Orgánica del Derecho de Defensa.
Reforma organizativa para potenciar la especialización y optimizar la gestión de recursos
La ley establece la creación de los Tribunales de Instancia, un órgano colegiado que integrará todos los juzgados unipersonales y de primera instancia en una única entidad dentro de cada partido judicial, unificando así la respuesta en primera instancia. De este modo, los 3.800 juzgados unipersonales se transformarán en 431 Tribunales, lo que propiciará la especialización, la unificación de criterios y permitirá una adecuada distribución de las cargas de trabajo y el uso compartido de recursos.
Además, la ley contempla la creación de Oficinas de Justicia en los Municipios, que funcionarán como el punto de contacto directo entre los ciudadanos y la Administración de Justicia. En estas oficinas, los ciudadanos podrán realizar una variedad de actos y trámites procesales de forma telemática sin necesidad de desplazarse a una capital de provincia.
Reforma procesal para acelerar la carga de los juzgados y tribunales
La normativa introduce cambios en el ámbito procesal, apostando decididamente por los medios alternativos de resolución de conflictos (MASC) en vías no jurisdiccionales en los ámbitos civil y mercantil, tales como la mediación y el arbitraje.
Esta regulación pretende así disminuir la sobrecarga de los juzgados y tribunales, restringiendo su intervención a aquellos casos donde sea absolutamente necesario, sin que ello suponga una disminución de los derechos y garantías jurídicas de las partes involucradas.
